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Ciudadanos reclama la independencia del poder judicial y la separación de poderes

by csaragon — 2 abril 2021 @ 10:57
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García insiste en la necesidad de eliminar una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ para ser nombrados a propuesta del CGPJ, ya que son los que conocen de la responsabilidad de los parlamentarios autonómicos y de los miembros de los distintos gobiernos autonómicos.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha reclamado al Ejecutivo de Javier Lambán que inste al Gobierno central a la modificación del artículo 330.4 de la LO del Poder Judicial, para eliminar que una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sean nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre una terna presentada por la Asamblea legislativa de las Comunidades Autónomas y estableciéndose que las plazas del Poder Judicial, y muy en particular las de los cargos en los órganos jurisdiccionales, deberán cubrirse por las normas establecidas en la LOPJ para el ascenso en la carrera judicial.

La portavoz de Ciudadanos de Institucional, Beatriz García, tras anunciar el debate y votación de una Proposición no de Ley en la próxima sesión plenaria, ha recordado que las asociaciones profesionales de jueces han reclamado en numerosas ocasiones la necesidad urgente de que se respete la independencia judicial y la separación de poderes, y es que actualmente, la designación de un tercio de los magistrados que componen la Sala de lo Civil y de lo Penal de los TSJ son designados por el Consejo General del Poder Judicial, pero a cargo de uno de los tres candidatos que hayan contado previamente con el favor de los principales partidos representados en los parlamentos autonómicos y, por consiguiente, por obra de la injerencia de los respectivos poderes legislativos de cada Comunidad Autónoma.

En esa misma línea, todo lo anterior resulta aún de más relevancia en la medida en que son precisamente esas Salas de lo Civil y de lo Penal de los TSJ las que conocen de la responsabilidad de los parlamentarios autonómicos y de los miembros de los distintos gobiernos autonómicos, así como de los delitos cometidos por éstos en el ejercicio de su cargo, tal y como regulan específicamente cada uno de los estatutos de las diecisiete autonomías.

“Es deseable y, por todo ello, es preciso suprimir asimismo la posibilidad de que el poder legislativo participe en la composición del poder judicial, a fin de respetar un adecuado equilibrio entre ambos poderes”, ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que el 26 de abril de 2018 se aprobó en las Cortes de Aragón una iniciativa que solicitaba la eliminación de la elección de uno de cada tres Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) por parte de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

 

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